El kirchnerismo presentará en las próximas horas ante el Congreso el proyecto de ley para expropiar Aerolíneas Argentinas y dar cierre definitivo al proceso que se inició en julio con el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que resintió más de lo esperado la relación con España. Caminando sobre ese delicado borde, el Ejecutivo se cuidó de que el texto no lleve la firma de la jefa de Estado, aunque estará rubricado por las principales espadas oficialistas en la Cámara de Diputados, empezando por el conductor del bloque, Agustín Rossi, y el titular de la comisión bicameral que aconsejó el tajante desenlace, Mariano West.
El texto impulsado por la bicameral ingresaría entre hoy y mañana a la Cámara baja, donde el oficialismo le dará pronto tratamiento, con la intención de obtener dictamen el jueves y tratarlo en el recinto la semana próxima. Tanta es la premura que voceros de la bancada indicaron a El Cronista que el proyecto pasaría solo por la comisión de Presupuesto y Hacienda, si es que el kirchnerismo no llega a nombrar reemplazante para la –por ahora– titular de Transporte, la salteña Zulema Daher, quien se fue del bloque mayoritario siguiendo a Felipe Solá. De llegar con los tiempos, el oficialismo evalúa entregar la conducción de esa comisión a alguno de los bloques aliados que acompañaron las últimas votaciones estratégicas, como Presupuesto o estatización de las jubilaciones.
En paralelo, esta semana asumirá a pedido del Ministerio de Planificación Federal el interventor judicial de Aerolíneas Argentinas, el contador José Luis Perrone, quien tendrá facultades “de acceso a la totalidad de la actividad” para conducir una transición con seguro destino en tribunales. Es que, mientras el Gobierno amenaza con presentar una denuncia contra el grupo Marsans por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos, los españoles ya hicieron saber que recurrirán a la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por “todos los daños causados desde 2005, con tarifas congeladas, subsidios prometidos e incumplidos y gremios adictos al Gobierno haciendo huelgas salvajes”. Según declaraciones del director financiero del grupo, Vicente Muñoz, al semanario Perfil, ello implicaría un juicio por “más de 1.560 millones de dólares, que es lo que valdría la empresa si no hubiera sufrido todas esas tropelías”. “No tenemos gran confianza en la Justicia argentina y nuestros esfuerzos ahora se centrarán en reclamar ante este tribunal por los daños causados”, dijo Muñoz el fin de semana a la prensa española. El grupo empresario ya se encuentra recibiendo asesoramiento de los abogados de King & Spalding.
Ante esa advertencia, el proyecto de ley redactado por West y Alejandro Rossi –hermano de Agustín– contempla declarar a la empresa de “utilidad pública”, con lo que empujará al Gobierno a tomar “las medidas necesarias para garantizar el servicio público”. Con esta estrategia sumada a la documentación con que cuenta el Estado, el oficialismo cree estar en condiciones de enfrentar con éxito la eventual demanda ante el CIADI. Se diluye así la última esperanza de Marsans. “Buscamos una solución amistosa. Como los condenados a muerte, que esperan hasta el último día por una solución”, ironizó Muñoz.
Cronista.com
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